Lunes, 24 de mayo de 2010
CORTESÍA: La Jornada de Oriente - Puebla -
No hay denuncias por administración fraudulenta en la empresa de Medina: PGJ
TANIA DAMIÁN JIMÉNEZ
El titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Rodolfo Igor Archundia Sierra, señaló que pese a que presuntamente hubo malos manejos del dinero de los clientes de Financiera Coofia por parte de consejo de administración de dicha empresa que presidía Valente Medina Seoane, ningún socio de la caja popular ha denunciado dicha situación y las querellas que existen son las que tienen que ver con la negativa de la devolución de los ahorros.
En entrevista con este medio de comunicación, indicó que ese delito se denomina administración fraudulenta –que de acuerdo al Código de Defensa Social se castiga con prisión– y para sancionarlo se requiere, además de las denuncias, una investigación sobre el funcionamiento que tuvo la cooperativa durante sus 12 años de vida, el número de socios y saber si se llevaban a cabo las asambleas de forma correcta, entre otros aspectos.
Explicó que, probablemente, los directivos de la caja popular no sólo cometieron el delito de fraude en contra de 7 mil 947 clientes por un monto de 813 millones de pesos, sino también engañaron a los integrantes de la sociedad, quienes confiaron en las decisiones de los consejos de administración y vigilancia, presididos por Valente Medina y Darío Medina, respectivamente.
Mencionó que por ejemplo no está permitido que una empresa se auto preste, como presuntamente sucedió en Coofia al facilitarle dinero a las empresas mineras La Valenciana y Minera Reyna del Pacífico, las cuales eran de varios de los accionistas de la financiera.
El funcionario estatal señaló que por la razón social que tenía la financiera –la cual era sociedad cooperativa de responsabilidad limitada–, tendría que haber contado con socios, aparte de clientes o cuentahabientes; sin embargo, se desconoce el número de agraviados del primer grupo debido a la falta de indagatorias sobre el tema.
Señaló que una de las razones por las que los socios no han denunciado penalmente las decisiones del consejo de administración puede ser la falta de figura legal, pues sus órganos de administración dejaron de funcionar desde hace más de un año.
Finalmente, Rodolfo Igor Archundia indicó que la carencia de denuncias por administración fraudulenta en contra de los directivos de la caja popular o que la misma gane el juicio de nulidad que interpuso ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal en contra de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no afecta la indemnización de los ahorradores a través del Fideicomiso Pago ni la búsqueda de los responsables del fraude, pues se trata de ilícitos diferentes y cada uno debe ser resuelto de acuerdo con lo que marca la ley.
FUENTE: http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/05/24/puebla/eco204.php
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