MONITOREO DE MEDIOS 01 MARZO 2010-2

Autoridades se niegan a atender caso Coofia, acusan defraudados
Por Regina Martínez
CORTESÍA: E-CONSULTA

lunes, 01 de marzo de 2010


Un grupo de defraudados por Financiera COOFIA, procedentes de varios lugares de la entidad, efectuó un plantón de protesta en esta ciudad para exigir al gobierno del estado dar cumplimiento a las auditorias comprometidas desde hace cinco meses cuando procedió a "embargar" los bienes de dicha empresa.

La representante del grupo de presuntos defraudados en Jalapa, Diana Coq Toscanini, subrayó que tras el embargo implementado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), desconocen el procedimiento legal que ha seguido y, desde entonces, "nos han cancelado todo tipo de audiencias".

El titular de la PGJE, Salvador Mikel Rivera, dijo, "se niega a recibirnos" y, por su lado, el subsecretario de gobierno, Francisco Portilla, "nos ha cancelado las audiencias", y el fiscal designado para investigar el caso, Manuel Espinosa, "no quiere trabajar ", y la Secretaria de Finanzas, "no ha realizado las auditorias".

Desde octubre pasado se han negado a practicar las auditorias a pesar de que las ordenó el gobernador Fidel Herrera Beltrán, con la finalidad de aclarar esta situación y poder deslindar responsabilidades sobre el fraude cometido contra cerca de 10 mil ahorradores de varias ciudades de la entidad, donde operaba COOFIA.

La también asesora jurídica de los presuntos ahorradores, mencionó que a través de los procesos judiciales iniciados no están solicitando al gobierno estatal que le pague a las víctimas del desfalco, "sino que estamos pidiendo que los accionistas de dicha financiera nos devuelvan nuestro dinero".

"Los niños y los ancianos en el estado de Veracruz no se tocan pero su patrimonio si para se mueran de hambre", es el lema que los presuntos defraudados escribieron en una gran manta que colocaron frente a palacio de gobierno, cerrando calles y bloqueando el tránsito vehicular del centro de la ciudad.

En su protesta, los afectados no descartaron que en este fraude estén involucrados funcionarios de la administración estatal, como es el caso del secretario de gobierno, Reynaldo Escobar Pérez, "quien fue el que inauguro las oficinas de COFFIA y firmó un contrato con la empresa a nombre del sindicato de trabajadores al servicio del estado", aseguró la litigante.

El secretario de gobierno, explicó, firmó un contrato con la financiera sobre un préstamo millonario sin que estuviera presente el representante sindical, "para que hicieran los descuentos a los trabajadores burócratas, el cual es totalmente ilegal, documento que en su momento haremos público".

"Ya nos cansamos", dijo al advertir que sacaran a la luz pública una serie de documentos relacionados con la presunta quiebra de la empresa, "ya que desde el fraude que cometieron en nuestra contra han muerto diez personas que habían depositado los recursos de su jubilación en esa casa de ahorros, la última fue una señora de Alvarado".

Por su parte, el abogado de los afectados en Córdoba, Daniel Montes, explicó que de manera extraoficial se habla que el fraude asciende a un monto de 70 millones de pesos en esa ciudad del centro de la entidad, "pues estamos hablando que fueron defraudadas cerca de mil 406 personas".

Por ello, dijo, están solicitando a la autoridad ministerial y de finanzas del estado para que agilicen las investigaciones y auditorias para poder determinar cuántos de éstos ahorradores también son deudores, "porque también había el esquema de que podían pedir préstamos y a la vez ser ahorradores".

Aun cuando no se puede asegurar de manera documental, subrayó, se ha dicho que los funcionarios tienen "metidas las manos en este asunto y por eso nos han retrasado las auditorias, porque no quieren que se sepa y es lógico, porque ahí va a salir quiénes son los que nos defraudaron".

En el comité que representa, explicó, hay 313 personas afectadas por alrededor de 43 millones de pesos en promedio, por eso han estado solicitando una audiencia al gobernador Fidel Herrera, "para poder platicar y definir bien esta situación, porque desde el mes de octubre estamos con las auditorias y no hay nada".

Los defraudados en Córdoba, dijo, contrataron a un grupo de contadores para demostrar a la autoridad que se pueden hacer las cosas en conjunto, "lo malo es que la PGJE no nos toma en cuenta y por eso esta manifestación es para que agilicen esta investigación ya que nos preocupa que olviden de este conflicto en plena época electoral".

En este sentido no descartó que pudiera haber cierta complicidad entre las autoridades veracruzanas y los defraudadores, "pues en el caso de Oaxaca ya se demostró que están involucrados funcionarios que obtuvieron préstamos millonarios, lo mismo en el estado de Puebla y no han dado la cara".